De acuerdo con información del Instituto Nacional Estadística e Informática del semestre julio-diciembre del 2020, 21,6% de la población urbana fue víctima de un acto delincuencial durante ese período. Al 11,2% se le atacó para robarle dinero, el celular o la cartera. A 3,1% se le estafó, a 1,5% se le amenazó o intimidó y el 1,7% sufrió un crimen de maltrato u ofensa sexual. Solo 16,1% de los afectados denunció lo ocurrido ante las autoridades. Otro 34,7% no lo hizo porque lo consideró una pérdida de tiempo, 12,5% porque desconfía de la policía.Como demuestran estas cifras, la inseguridad ciudadana es un serio problema en el país y materia de comprensible preocupación para los peruanos. Y si a los delitos comunes se le añaden crímenes más graves, como los asesinatos, los feminicidios, el terrorismo y el narcotráfico, el panorama que deberá enfrentar el próximo gobierno es desolador. Sin embargo, se trata de una responsabilidad de la que el nuevo Poder Ejecutivo no puede correrse y el remedio de esta situación demanda, además de voluntad política, una dosis importante de creatividad y solvencia técnica.