La democracia tiene muchas virtudes que, a fuerza de darlas por sentadas, solemos olvidar. La capacidad de cambiar a los gobernantes cuando terminan el período para el que fueron elegidos es una de ellas; y la de hacerles saber lo que pensamos sobre ellos o denunciar sus eventuales tropelías mientras están todavía ejerciendo el poder es otra. Esta última, como es evidente, está estrechamente vinculada con la libertad de expresión, en general, y la de prensa, en particular.La capacidad de divulgar información y opiniones incómodas para quien sostiene momentáneamente las riendas del Estado es, por supuesto, una permanente fuente de tensión entre la prensa y los gobernantes. Y con no poca frecuencia ocurre que estos pierden la tolerancia a la que están obligados y ceden a la tentación de sacarse el problema de encima hostigando a los medios independientes o interviniéndolos directamente. Es lo que hemos visto suceder en las últimas décadas en países de la región como Venezuela o Ecuador, para no hablar de lugares como Cuba, en donde la libertad de expresión es solo un borroso recuerdo que habita en las mentes de los octogenarios. Todo eso nos parece a los peruanos muy lejano, pero no es así.