Recurrir al "pueblo" como coartada suele ser un recurso común para los políticos de toda tendencia. Ya sea para asegurar que ellos representan a cabalidad lo que "el pueblo" clama o para condicionar a su criterio la adopción o el abandono de una medida en particular, este es un recurso bastante socorrido, pero que los que han alcanzado el poder en el pasado han sabido matizar. En democracias representativas como la nuestra, la ciudadanía le encarga una serie de responsabilidades a las autoridades a las que decide darles el poder cada cinco años. Estas, a su vez, operan dentro de un sistema en el que tienen que respetar la autonomía de algunas instituciones, que no pueden percudirse con intereses o motivaciones políticas y que, por ello, su composición está encargada a entes netamente técnicos. Esto es lo que ocurre con el Poder Judicial y el Ministerio Público y con los jueces y fiscales que a ellos pertenecen.Sin embargo, es precisamente la manera en la que estos funcionarios son elegidos que el candidato Pedro Castillo ha propuesto cambiar. En concreto, pretende que ya no sea responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) designarlos, sino que ello dependa de una elección popular."Los jueces y fiscales tienen que ser elegidos por mandato popular, los nuevos jueces deben ser elegidos por mandato popular para que hagan una buena justicia en el país", fue lo que dijo en Chota durante el debate con Keiko Fujimori. Se trata, además, de un objetivo descrito en el plan de gobierno que su agrupación presentó al Jurado Nacional de Elecciones, documento del que el aspirante al sillón de Pizarro reniega solo cuando la coyuntura se lo exige.