Llama la atención la intransigencia y el populismo de algunos congresistas que pretenden volver a poner en debate la pena de muerte para casos de violación de menores, sin considerar las graves consecuencias para el país.Es increíble que algunos congresistas, algunos abogados de profesión, sostengan la viabilidad de una medida que ha probado no ser disuasiva, en lugar de exigir la aplicación severa de la ley vigente. Por lo demás, sería una temeridad aprobarla con un sistema judicial ineficiente y en grave crisis. ¿Qué pasaría si un juez se equivoca y sanciona con la pena máxima a un inocente? Preocupa también la falta de coherencia de ciertos grupos parlamentarios para forzar cambios legislativos y constitucionales que podrían afectar nuestra posición e imagen en la comunidad internacional. Dicha iniciativa implicaría ponernos al margen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya acción ha sido fundamental para reparar abusos y errores internos.En todo sentido, la reinstauración de la pena de muerte sería un bumerán para el país, por lo que el proyecto debe ser archivado .