Uno de los principales retos que tendrá que enfrentar el próximo Gobierno es impulsar la inversión minera en el país en armonía con las comunidades aledañas a los proyectos mineros y el medio ambiente. En este contexto, en abril se registraron 123 conflictos socioambientales en el país (activos y latentes), según cifras de la Defensoría del Pueblo. De ese total, 79 conflictos estaban vinculados a la actividad minera; es decir, seis de cada diez corresponden a esta actividad extractiva (64.2%).