La atención que concita el proceso electoral ha hecho que las decisiones del actual Congreso pasen a un segundo plano. Una abrumadora mayoría de la representación nacional, sin embargo, ha continuado a lo largo de todo este tiempo con su actitud de aprobar normas populistas y muchas veces inconstitucionales que constituirán una herencia perversa para el gobierno entrante, cualquiera que este sea. Particularmente, en lo que concierne a la reactivación de la economía que la situación creada por la pandemia requiere, pues la mayoría de tales iniciativas impacta de manera negativa precisamente en ese rubro.Es cierto que algunas de ellas -la ley que suspendía el cobro de peajes, la que ordenaba el ascenso automático en Essalud y la que permitía la llamada "devolución" de fondos de la ONP- han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional atendiendo a demandas planteadas en ese sentido por el Ejecutivo. Y que dos más -la que ha establecido topes a las tasas de interés y la que elimina el régimen CAS- están siendo también objeto de evaluación constitucional. Pero aun cuando esas "bombas de tiempo" hayan sido o logren finalmente ser desactivadas, parte del daño que causó su sola aprobación es irreparable. Lo mismo cabe decir, además, sobre otras dos normas -la que dispone la devolución de aportes del Fonavi y la que atañe a la negociación colectiva- que, de acuerdo con lo anunciado por el ministro de Economía, Waldo Mendoza, serán asimismo objeto de sendas demandas de inconstitucionalidad.