Los diez compromisos suscritos el miércoles por el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, deben derivar en ajustes a su plan de gobierno para que la ciudadanía pueda fiscalizar su cumplimiento.Así lo consideraron Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, y Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética.En el compromiso asumido por Castillo hay manifiestas contradicciones respecto de lo que dijo antes en declaraciones públicas. Por ejemplo, ha dicho que fortalecerá el trabajo del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo, cuando antes decía que los desactivaría.