Desde que se inició en el 2015, la reforma universitaria ha tenido un claro antagonista: el Congreso de la República. Con proyectos de ley para modificar la normativa que crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), comisiones investigadoras e incluso interpelaciones a ministros de Educación, el rol de diversos parlamentarios ha sido de un cuestionamiento constante que, según el propio Ejecutivo, está basado en conflictos de intereses personales y económicos.La postura del próximo Parlamento no sería muy distinta: al menos cuatro virtuales congresistas tienen vínculos directos con universidades denegadas, y otros nueve están relacionados con instituciones educativas que deberán renovar su licenciamiento al 2026. Esto, de acuerdo con las hojas de vida que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).