La aprobación del dictamen que permite a las empresas privadas adquirir vacunas contra el COVID-19, con el fin de beneficiar a sus trabajadores y a sus familiares, ha originado un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Congreso.La iniciativa fue aprobada por el Pleno del Parlamento el último viernes por la noche, con 97 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Esta faculta a los gobiernos regionales y locales a adquirir dosis del inmunizante.No obstante, la propuesta establece condiciones, entre ellas la de contar con la autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) para que -luego- el Gobierno dé luz verde a la empresa interesada y esta pueda presentar el expediente de la importación de la vacuna. Se contará con un plazo de siete días calendario para tal fin.(Edición domingo).