En un eventual Gobierno de Pedro Castillo en el que se aplicara su anunciado plan para la nacionalización de Camisea, tal acción podría llevar a que las empresas del consorcio que opera ese yacimiento demanden al Estado exigiendo una indemnización no menor a los US$ 7,000 millones que han invertido en esa área desde el 2004. Así estimaron fuentes del Ejecutivo, que advirtieron que tal nacionalización también llevaría a paralizar la exportación de gas natural, lo cual detendría por consiguiente la producción de líquidos de ese gas y a su vez la del GLP, lo que encarecería su precio a los consumidores.