Si hace un año el entonces presidente Martín Vizcarra gozaba de altas cifras de aprobación ciudadana, luego de haber reaccionado con severidad a la pandemia del COVID-19 y tras haber asumido el liderazgo de las acciones que tomaría el Gobierno para paliar la crisis, hoy su reputación está manchada de forma indeleble. Como se sabe, el exmandatario y un grupo de funcionarios de su administración eligieron inocularse de forma clandestina con la vacuna de Sinopharm, un proceso que quiso hacer pasar como una valiente contribución a los ensayos clínicos cuando todo parece indicar que, en realidad, lo hizo para protegerse, antes que todos los peruanos y de forma irregular.A propósito de este caso, el 31 de marzo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe final de las denuncias por antejuicio político contra Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores). Ayer, la Comisión Permanente recomendó inhabilitar a las referidas funcionarias (ocho años y un año, respectivamente) y al exgobernante (por una década) como sanción por lo ocurrido. Toca ahora que las medidas sean discutidas por el pleno.