Tramitador. Palabra conocida a fondo por los peruanos. Más de uno se ha visto obligado a acudir a este hijo de la burocracia para escapar de colas, formularios y paseos por ventanillas hostiles. En la multitud de este mal necesario se esconden estafadores, aunque muchos sostienen que su presencia ahorra tiempo y salva de apuros. Incluso en el año 2003 el entonces congresista Eduardo Salhuana presentó un proyecto de ley para declarar "de necesidad pública" este oficio. ¿Acaso nos estamos acostumbrando a la burocracia? Los trámites deberían ser sencillos y de público conocimiento, según lo exige la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero pocos la cumplen. Según el proyecto del Portal de Servicios al Ciudadano, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros, la administración pública está formada por 2.155 instituciones entre ministerios, organismos, empresas y municipalidades. Hasta 1989 --año en que se empezó a crear mecanismos para simplificar la administración pública-- cada entidad estableció sus propias reglas para expedir servicios, por lo que actualmente contamos con una proliferación de papeleos. A la fecha, solo el 3% de las instituciones ha colgado en dicho portal información sobre los documentos que exigen a los usuarios. Solo en estas entidades se han creado 4.108 diferentes tipos de trámites, de los cuales en su mayoría son desconocidos hasta que nos vemos obligados a gestionar alguno."La simplificación administrativa tiene dos caras. Una es la del marco legal hacia el ciudadano (reducir requisitos y costos) y la otra es interna (aminorar plazos, agilizar procedimientos y buscar eficiencia), de tal manera que se cumpla lo que está en el papel. Hay avances en algunas instituciones pero todas deben cumplir. No es un favor", explica Javier Rizo Patrón, secretario técnico de la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi.De acuerdo con un cálculo hecho por la Contaduría Pública de la Nación el 2004, estas tasas impuestas por el Estado, excesivas y en muchos casos innecesarias por tratarse de trámites prescindibles, le cuestan a la ciudadanía S/. 1.093 millones adicionales al año. Este monto, recogido por el IPE, corresponde a las tasas impuestas por el Gobierno Central y municipalidades, y no incluye el tiempo que pierde el usuario en tramitar los documentos.(Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. A 15] /