El directorio del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) deberá aclarar ante la Fiscalía por qué se resiste a acatar la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que ordenó terminar con la distorsión de precios en la venta de energía eléctrica en el Perú.Esto, luego de que el estudio de abogados Arbizu & Gamarra, en representación de la Coordinadora General de Pueblos Unidos de Lima, Callao y Provincias del Perú (Cogepulcp-Perú), presentara una denuncia penal contra los funcionarios del COES por resistencia y desobediencia a la autoridad.