Recurriendo a palabras técnicas, el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería insisten en desconocer la sentencia de la Corte Suprema que ordenó terminar con la distorsión en el precio de la energía eléctrica, que perjudica a más de 30 millones de usuarios por hogar.