La Unidad de Periodismo de Datos de este Diario, luego de cruzar la información de la planilla del Congreso de la República de enero del 2021 con el Registro de Organizaciones Políticas, corroboró que 657 trabajadores de este poder del Estado están afiliados a una agrupación política (sin contar movimientos regionales). En corto: las organizaciones elegidas por la ciudadanía para conformar el Parlamento han hecho de este una suerte de agencia de empleos para sus correligionarios.La situación es inquietante por más de una razón. Primero, porque es evidente que los funcionarios reclutados para trabajar en el Legislativo deberían ser designados por su pertinencia para el cargo, no por su afiliación a un partido. Si se mezquinan los méritos en favor de los compadrazgos políticos, la posibilidad de que el Congreso opere con eficiencia se hace más remota. En segundo lugar, porque el salario de todas estas personas proviene de los contribuyentes, quienes merecen que su dinero sea utilizado atinadamente y no para solventar favores, amistades o lealtades privadas.