Es saludable para el país que el Gobierno haya ratificado al economista Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva y nombrado, junto con él, a tres directores de reconocida independencia y profesionalismo.Destacamos esta apertura del presidente García, coherente con su promesa electoral de nombrar en entidades contraloras a personalidades de otros partidos o independientes. Ello debe contribuir a una gestión técnica y autónoma de la entidad encargada de preservar la estabilidad monetaria. Según la Constitución, el BCR debe regular la moneda y el crédito del sistema financiero y administrar las reservas internacionales. Adicionalmente, se le ha asignado la difícil tarea de vigilar el precio del dólar.La responsabilidad es muy grande. Recordemos que durante el anterior régimen aprista el presidente y el gerente del BCR terminaron involucrados en el escándalo del BCCI y que otros gobiernos han intentado interferir en la autonomía de la entidad.Al respecto, sería oportuno actualizar el proyecto del congresista César Zumaeta, que pretende modificar la ley orgánica del BCR para, entre otras cosas, prohibir que sus directores ejerzan otro cargo en el Estado. No solo eso: tampoco deberían tener intereses o vinculaciones con el resto del sistema financiero, lo que crearía incompatibilidad. Igualmente, debería establecerse que sus períodos de gestión no coincidan con los de los gobiernos.Hay que aprender las lecciones del pasado . Los nombramientos de altos funcionarios de las entidades autónomas, contraloras y reguladoras (SBS, Defensoría del Pueblo, INEI, Indecopi y otras, como Osinerg, Ositrán, Osiptel y Sunass) no deben ser decididos por amiguismo o filiación partidaria. Tiene que escogerse a gente capaz. Debemos consolidar este cuarto poder del Estado y blindar su autonomía, para lo cual es imprescindible que sigan o pasen a manos de profesionales independientes que aseguren un manejo técnico que beneficie a los ciudadanos y consumidores.