FISCALIZACIÓN. Ya se escucha a candidatos presidenciales y congresales hablar sobre control de precios y otras propuestas de intervención estatal en la economía –la de “desglobalización” es, hasta ahora, la más descabellada– como soluciones milagrosas a la falta de empleos formales y demás dolencias macroeconómicas del país. Lo que no parecen conocer esos aspirantes es que ya existen entidades públicas que tienen como objetivo impulsar la formalidad y velar por el funcionamiento de los mercados. El problema de muchas de ellas es que no cuentan con el respaldo político necesario para cumplir sus funciones, que en algunos casos son enormes. Una de ellas, cuya debilidad fue puesta de manifiesto por las protestas de los trabajadores agroexportadores en diciembre pasado, es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Su tarea consiste en verificar que las empresas cumplan con la legislación y brinden un trato adecuado a su personal. Irónicamente, el motivo mayor de las protestas era justamente el abuso de ciertas agroexportadoras, el cual databa de años.