En los últimos años, la minera Majaz ha saltado varias veces a las primeras páginas de los diarios gracias a sonados conflictos con comunidades de la sierra de Piura. Días atrás, la empresa volvió a hacer noticia cuando un informe de la Defensoría del Pueblo encontró irregularidades en el proceso de la adjudicación de su concesión minera.Mientas tanto, la empresa 'junior' de origen inglés despliega esfuerzos para acercarse a las comunidades y busca llevar a producción su proyecto Río Blanco en el año 2010. El Comercio conversó con Andrew Bristow, gerente de operaciones de la compañía. El informe de la defensoría ha encontrado irregularidades en el proceso de otorgamiento del permiso de exploración del proyecto Río Blanco a la minera Majaz. ¿Cuál es su posición? Entendemos que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) está preparando una respuesta a estas observaciones. Pero nosotros estamos buscando que la defensoría se convierta en una autoridad nueva que nos permita tener un acercamiento directo con la comunidad de Yanta, cosa que ha sido casi imposible durante los últimos años por la intervención de terceros. Además, estamos pidiendo una reunión con la defensoría.¿Pero qué pasaría si el MEM reconoce que hubo errores en el proceso de la concesión?Estoy seguro de que en ese caso actuará para solucionarlos. En el tema de la licencia son dos comunidades, Yanta y Segunda y Cajas, que han tratado de formalizar su propia constitución desde hace varios años como entidades debidamente reconocidas, y nosotros siempre hemos buscado su aprobación para el uso de sus terrenos.La defensoría dice que no obtuvieron la autorización del porcentaje requerido por ley en la asamblea comunitaria para iniciar exploraciones. El problema es que el proceso de autorización de las comunidades debe ser oficial, un proceso en el que tanto empresas y comunidades estén debidamente constituidas. Para que proceda legalmente el voto en asamblea en algunas comunidades campesinas hay que tener un padrón electoral de comuneros, cosa que recién existe. La empresa hizo todo lo posible, dentro de las posibilidades del año 2002, para demostrar el acuerdo de las comunidades. Lo que estamos buscando ahora es consolidar esta situación a través de un diálogo directo con la comunidad.¿Realizarían una nueva consulta?Para la fase de producción las comunidades deberán decidir si quieren o no la operación minera en la zona.