Antes de que estallara el escándalo de Los Cuellos Blancos del Puerto, en julio del 2018, el entonces presidente Martín Vizcarra estaba informado de los pormenores por un miembro del equipo de investigadores del Ministerio Público, la fiscal Sandra Castro, una magistrada de confianza de la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Castro y Vizcarra son vecinos en un condominio de departamentos en la calle Los Robles, de San Isidro. Ambos se han reunido allí varias veces, según fuentes confiables. Mediante esta relación impropia Vizcarra se enteró de que un audio de la investigación fiscal lo vinculaba con operadores de una supuesta mafia judicial. En una conversación telefónica con su esposa, uno de ellos, el expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, dijo que Vizcarra tomaba ron Zacapa en la casa de Antonio Camayo. A este se le consideraba apoyo logístico de la organización investigada. La fiscal tenía a disposición centenares de grabaciones de llamadas de los implicados, que se filtrarían a los medios en los meses siguientes.