Nadie duda de que el escándalo de las personas que se favorecieron con un lote de vacunas de Sinopharm que no les correspondía tiene que ser, por la cantidad de involucrados que se conoce hasta ahora (472), por el cargo que varios de estos ocupaban dentro del Estado y por las numerosas interrogantes que siguen en el aire, escrupulosamente radiografiado. Esto es, que no se escatimen esfuerzos desde las instituciones competentes para que los peruanos sepamos toda la verdad, pero, al mismo tiempo, que no se lo instrumentalice para hacer escarnio político en un contexto electoral ya de por sí bastante convulsionado. Lo anterior viene a cuento a propósito de la comisión investigadora que el Congreso ha creado para tal fin. Antes de todo, es necesario remarcar que no estamos sugiriendo aquí que el Legislativo se mantenga ajeno al enredo. Ahí están, por ejemplo, las denuncias constitucionales que se han presentado contra el expresidente Martín Vizcarra y contra las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, a quienes el Parlamento debe de levantarles el antejuicio que les asiste por los altos cargos que han ocupado hasta hace poco para que puedan ser procesados por la fiscalía.