Tuvieron que pasar casi seis años para que la primera investigación por la adjudicación irregular del proyecto Gasoducto Sur Peruano a la empresa Odebrecht llegue a juicio. El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo consideró que existen pruebas que demuestran que la firma brasileña fue beneficiada con el proyecto gasífero que demandaría 7 mil millones de dólares de inversión estatal. Este caso está a cargo del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, un proceso diferente al que sigue el equipo especial Lava Jato. Pero ambas indagaciones comprenden el periodo de gobierno del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), gestión que dio luz verde a la megaobra hoy paralizada por el escándalo de corrupción.