Verónika Mendoza tiene motivos para preocuparse. El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 (JEE) ha constatado los vínculos que existen entre las personas que estuvieron detrás de la maniobra legal para salvar su candidatura presidencial de la exclusión en enero pasado. En otras palabras, confirma la revelación de Perú21 y acoge las dudas razonables sobre la veracidad de la supuesta minuta (contrato privado) que suscribieron la postulante y sus hermanas para justificar una transferencia de bienes que no figura en registros públicos. Este diario encontró que el abogado Alexis Castro Ocampo, el encargado de legalizar el referido contrato, y la notaria Antonieta Ocampo Delahaza, quien certificó el acuerdo, son familia y tienen una relación muy cercana con la lideresa de izquierda.