Cada hora que pasa, el Vacunagate permite conocer más claramente que la vacunación de altos funcionarios del Estado no es solo un problema de unos cuantos que quisieron sacar provecho de su influencia en el gobierno de turno para inmunizarse junto a sus familias. El Vacunagate puede dar luces de por qué el Perú no pudo firmar, durante el 2020, contratos con laboratorios para adquirir las dosis que miles de médicos, enfermeras, policías y soldados necesitaban. En junio de 2020, el gobierno de Martín Vizcarra creó un comité multisectorial que se encargaría de realizar las acciones para el desarrollo productivo, adquisición, donación y distribución de la vacuna. Este estuvo presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio de Salud. Ambas instituciones designaron sus representantes.