Causa preocupación y resquemor la decisión de la Comisión de Inteligencia del Congreso de iniciar una investigación, especialmente focalizada en las organizaciones no gubernamentales (ONG) que tienen como temas la administración de justicia y los derechos humanos.¿Por qué? Llama la atención que, en un Estado de derecho se dé pie a iniciativas como estas, que de antemano podrían amedrentar y recortar las libertades de expresión y opinión. Mucho más si se trata de asuntos tan importantes sobre los cuales algunas ONG han investigado y alcanzado sugerencias, que pueden ser atendidas o no. A dicha comisión congresal no le correspondería intervenir. Primero porque se trata de un asunto que no se enmarca dentro de su función de supervisar el manejo de inteligencia del Ejecutivo. Luego porque quien la lidera es el congresista Luis Giampietri --a la sazón vicepresidente de la República-- que previamente ha tenido discrepancias con algunas ONG, como el Instituto de Defensa Legal, que investigan su eventual participación en la masacre de El Frontón. Las ONG, por lo demás, no son parte del Estado.Si ciertas ONG actúan irregularmente, pues deben ser denunciadas e investigadas en el ámbito pertinente (en este caso por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional). Lo que no puede ni debe hacerse es dar la impresión de que está en curso una maniobra revanchista desde el poder, que tendríamos que rechazar enérgicamente.