EXPECTATIVAS. Confirmando el resultado de una muerte anunciada, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que aprobó el Congreso que buscaba que se les entregaran sus aportes a los afiliados de la ONP. Durante el tiempo que duró el debate de la propuesta, más de un especialista dejó en claro que la medida era inconstitucional, incluso el Gobierno trató de plantear alternativas para que el Congreso desistiera de la medida.Esta declaración de inconstitucionalidad se suma, en poco tiempo, a otras dos dadas frente a proyectos aprobados por el Parlamento, como fueron la norma que eliminaba el cobro de peajes, y la que proponía ascensos automáticos para el personal de salud.Lo preocupante del accionar del Parlamento en estas y otras iniciativas legislativas es la forma irresponsable en la que se juega con las expectativas de los ciudadanos aun cuando los congresistas saben que lo que proponen no podrá cumplirse, lo que es peor, y una vez eliminadas las normas no reconocen sus errores, sino que insisten en ellos, culpando a un tercero, lo que genera mayor indignación en la ciudadanía.Para frenar las iniciativas de este tipo están los asesores parlamentarios. Si un congresista, con la mejor intención, plantea una propuesta y esta es inviable porque contraviene la Constitución o porque operativamente sería imposible de cumplir, le corresponde al asesor brindarle toda la información pertinente al legislador para que desista de su propuesta o la redirija dentro de la ley y la Carta Magna. Pero si el asesor de cada parlamentario no puede cumplir su labor, les corresponde a los asesores de las comisiones, que se supone que son más especializados, aterrizar las propuestas a la realidad y escuchar la voz de los especialistas que envían sus comentarios a las iniciativas.