La llegada a territorio peruano de 300.000 dosis de vacunas de Sinopharm, el domingo pasado por la noche, ha suscitado reacciones y comentarios de diversa naturaleza. Como se sabe, hablamos solo de la primera parte de un cargamento de un millón de dosis que deberá ser completado en los próximos días con las 700.000 que faltan. En la medida en que la vacuna desarrollada por el referido laboratorio chino requiere ser aplicada en dos ocasiones por paciente, además, hablamos de una dotación que alcanzará para inmunizar a 150.000 personas (medio millón, cuando lleguen las 700.000 restantes).Con esos datos a la vista, la noticia, como decíamos, ha sido recibida en el país de distinta forma. Por un lado, ha habido quienes celebraron el valor simbólico del hecho, resaltando que permite el resurgimiento de una esperanza que habíamos extraviado; y por otro, ha habido quienes han opinado que el Gobierno, en un intento por capitalizar políticamente la circunstancia, ha montado un aparato excesivo para el arribo de un número tan modesto de vacunas (los peruanos, como se sabe, somos actualmente más de 30 millones)."Show mediático", "la llegada tardía de un avión con pocas vacunas ha sido más grande que la llegada de la primera visita del papa Juan Pablo II", "pretenden justificar que luego de 7 meses solo estén llegando 300.000 dosis (1% del total)", rezan alguno de los comentarios de representantes de sectores opuestos al Gobierno. Y, aunque en la dimensión estrictamente política de lo sucedido puedan tener una pizca de razón -el despliegue de seguridad que rodeó el desembarque del cargamento pudo tener, en efecto, algo de puesta en escena-, llama la atención que, en su afán por fustigar al Ejecutivo, los voceros de tales sectores hayan perdido de vista lo esencial: que esa primera dotación de vacunas, por pequeña que sea, servirá para proteger a médicos, enfermeras y demás personal de salud, así como a policías y bomberos. Es decir, a quienes durante desde el inicio de la pandemia lo han arriesgado todo por cuidarnos. No podemos olvidar que, en materia de médicos fallecidos por el COVID-19, somos el tercer país de la región, ni que suman ya más de 500 los muertos del personal dedicado a tareas de seguridad (policías y otros).