Sin medias tintas, Fernán Altuve, abogado experto en derecho eclesiástico, consideró que el polémico cura Marco Arana no es el único responsable de la corriente antiminera en Cajamarca, sino que también, "y quizá en mayor medida", el obispo de esa diócesis, José Carmelo Martínez Lázaro. Reveló que en el mundo clerical, un sacerdote sólo está "obligado" a acatar órdenes del obispo que dirige su jurisdicción, o del mismo Vaticano; pero ni siquiera las del cardenal de su país. Es decir, las críticas de hace unos días hechas por Juan Luis Cipriani no pasan de ser "meras opiniones personales". Como se sabe, a través de la ONG que dirige, Grufides, el párroco Arana ha incentivado las protestas de los comuneros de Combayo en contra de la minera Yanacocha, acusándola de contaminar el agua de la localidad.