Esta semana, 17 partidos políticos (de 22 en carrera) suscribieron el Pacto Ético Electoral, un documento a través del que se comprometieron a exhibir un comportamiento modélico en lo que resta de la campaña y a acatar ciertas reglas que garanticen una contienda, digamos, limpia. Entre los que no lo han firmado resaltan agrupaciones como Renovación Popular (de Rafael López Aliaga), Unión por el Perú (de José Vega) y Perú Libre (de Pedro Castillo).Cualquiera que recuerde los otros procesos en los que este pacto ha estado vigente -fue estrenado en el 2005-, sin embargo, estará al tanto de que, en la práctica, este documento ha terminado siendo apenas una lista de buenas intenciones que los aspirantes se han encargado de hacer fosfatina a las primeras de cambio. Una pena porque, en realidad, su acatamiento a conciencia podría habernos ahorrado a los ciudadanos varios tragos amargos.Pensemos, si no, en el Pacto Ético Electoral del 2016 que, entre otras disposiciones, acogía la de "aceptar los resultados electorales producto de la voluntad ciudadana", cuya adopción por parte de Fuerza Popular, y en particular de su lideresa -que firmó el documento-, podría habernos evitado gran parte de la guerra entre poderes a la que asistimos en los últimos cinco años. De igual manera, podríamos pensar en el clima menos enrarecido con el que habríamos inaugurado el quinquenio si los representantes de Peruanos por el Kambio y su candidato presidencial -que también estampó su rúbrica- hubiesen honrado el compromiso de desterrar "cualquier tipo de violencia, agresión, insultos y ataques personales" y habrían dejado en la cartuchera los agravios que arrojaron sobre sus rivales en segunda vuelta.