Están advertidos. Desde el domingo 31 de enero, quienes infrinjan las medidas sanitarias y la inmovilización social obligatoria serán conducidos a los nuevos centros de retención temporal. Además, si es que no han cumplido con pagar la multa impuesta por alguna infracción durante el estado de emergencia no recibirán el bono familiar ni el apoyo alimentario por parte del Estado. Se les aplicará, entonces, una figura similar a la ‘muerte civil’.