La semana pasada se conoció que una asociación de empresas privadas había alcanzado un convenio con el Ministerio de Salud (Minsa) para traer el primer millón de vacunas de Sinopharm desde la capital china. El acuerdo busca que se agilice el traslado del primer paquete de la inmunización a nuestro país para que luego este pueda ser distribuido por el Minsa; un proceso que a inicios de mes, cuando fue anunciado, levantó cierta dosis de optimismo entre la ciudadanía, pero que, semanas después, parece no solo estancado, sino interminable.Este episodio es uno de los que mejor grafica todo lo que el país puede ganar cuando el sector privado se compromete a dar una mano en la lucha contra el COVID-19. Un tópico sobre el que vale la pena reflexionar, especialmente en una coyuntura en la que el virus parece haber puesto nuevamente en aprietos la capacidad de repuesta del sector público y en medio de una campaña política en la que algunas voces intentan anatematizar al empresariado.Pero el ejemplo de las vacunas no es el único. Desde que arreció la emergencia sanitaria, varias empresas han donado insumos vitales para combatir la enfermedad, como balones de oxígeno, equipos médicos, trajes especiales, plantas de oxígeno (alrededor de 30 en 14 regiones), cascos oxigenadores, pruebas de descarte del COVID-19 y hasta una unidad hospitalaria. También, servicios como la desinfección de calles, el traslado aéreo de personal médico contagiado, telefonía e Internet, becas de estudio y hasta bonos. Asimismo, han entregado artículos de limpieza, canastas con víveres, raciones de comida, botellas de agua y un largo etcétera.