La ausencia de filtros efectivos para evitar que personas con problemas con la justicia lleguen a las listas congresales -y eventualmente sean elegidas- afecta prácticamente a todos los partidos inscritos en el registro electoral. En el caso de Alianza para el Progreso (APP), sin embargo, parece haberse convertido en un sello de fábrica.Como se recuerda, en el 2016, esa organización postuló al Parlamento a Benicio Ríos, que tenía en ese momento un proceso judicial por colusión agravada, y a Edwin Donayre, quien arrastraba un juicio oral por apropiación indebida y desvío de combustible. La información que hacía inconveniente auspiciarlos políticamente no estaba oculta: figuraba en sus hojas de vida. Y llamaba tanto a escándalo que el líder de la agrupación, César Acuña, anunció durante la campaña una investigación al respecto y hasta insinuó la posibilidad de que fuesen apartados de la competencia. Pero al final nada sucedió y los dos resultaron elegidos. Con el correr del tiempo, además, ambos fueron también sentenciados a cárcel efectiva y, antes de ser encerrados, estuvieron prófugos de la justicia.Tras esa ingrata experiencia, lo lógico habría sido que el partido en cuestión fuese extremadamente celoso al momento de conformar su nómina de aspirantes a una curul en el proceso complementario del 2020. No fue eso, no obstante, lo que ocurrió. Esta vez APP postuló -y consiguió llevar hasta el Legislativo- a Humberto Acuña, hermano del mandamás del movimiento y sentenciado en segunda instancia por el delito de cohecho pasivo genérico. Y a pesar de que, al día de hoy, pesa sobre él una inhabilitación por tres años, las dilaciones para hacerla efectiva han abundado.