Este miércoles se confirmó la muerte por COVID-19 de un segundo trabajador del Ministerio de Vivienda que asistía presencialmente a su centro de labores. Si bien aún no se conoce si el contagio se dio dentro de las instalaciones, los casos ponen en debate la aplicación del trabajo remoto en las entidades del Estado y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el trabajo presencial.Sobre ello, el congresista Daniel Olivares, quien recibió cerca de 260 denuncias sobre el tema en solo una semana y en base a estas realizó inspecciones, identificó que muchos funcionarios trabajaban presencialmente cuando la naturaleza de su labor les permitía hacerlo de forma remota. Un punto por considerar, señala, es que no todos los trabajadores cuentan con una conexión adecuada de Internet, por lo que tienen que trabajar en las oficinas; y las entidades no pueden pagarles estos servicios, pues sus presupuestos no los contemplan."Se necesita un decreto de urgencia para que entes públicos puedan compensar algunos costos al trabajador", comenta.