CONFLICTOS SOCIALES. En los últimos meses, no solo se incrementaron los conflictos sociales, sino que en el 62.4% de ellos se presentó al menos un acto de violencia según los informes que publica mensualmente la Defensoría del Pueblo. Si bien estos deben ser entendidos como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios, la ciudadanía, por lo general, conoce de ellos cuando escalan tanto que llegan a la violencia, como lamentablemente ocurrió en los últimos dos meses del 2020.Justamente respecto a los bloqueos de carreteras que se generaron tanto por los reclamos de los trabajadores del sector agroexportador -en el sur y en el norte del país- como de algunos sectores mineros, la encuesta realizada por Datum para Gestión muestra que un 66% está a favor de que las personas que bloquean las carreteras para hacer sus reclamos sean investigadas y sancionadas por la Fiscalía y el Poder Judicial. Esto es una llamado de atención para los fiscales que nunca plantean una denuncia a pesar de contar con la normativa necesaria para hacerlo.Sin embargo, estar en contra del bloqueo no implica que la ciudadanía considere que se debe actuar con mano dura para conseguir el desbloqueo. Por el contrario, para un 78% la Policía debe apelar al diálogo con los marchantes para restablecer el orden y desbloquear las carreteras, evitando el uso de la fuerza.A criterio de la mayoría de los encuestados, la forma en que el Gobierno actuó para resolver el conflicto del sector agroexportador y los demás disturbios generados en los últimos meses fue inadecuada. Sin embargo, lo cierto es que una vez desatada la violencia será siempre difícil que un Gobierno actúe correctamente. Si la población condena a quienes cierran carreteras, pero le exige al Gobierno actuar sin el uso de la fuerza, lo que en el fondo le está diciendo es que no debería dejar que los conflictos sociales escalen hasta llegar a la violencia.