Las elecciones generales de abril pondrán a prueba los nuevos mecanismos para controlar el financiamiento de partidos políticos. La idea es acabar con los clandestinos aportes de campaña, destapados por el caso Lava Jato, que burlaban el sistema electoral desde que empezó este siglo XXI. Era una práctica, de acuerdo a la Fiscalía, con la que empresas y personas particulares invertían en candidatos a cambio de recibir una retribución -contratos y obras- cuando estos llegaran al poder. Esta semana, 21 de 22 organizaciones políticas dieron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) los nombres de los medios de comunicación en los que difundirán su franja electoral. El único que se opuso fue Victoria Nacional de George Forsyth.