La llegada del COVID-19 a nuestro país ha supuesto la implementación de medidas que, en cualquier otro contexto, no estaríamos dispuestos a tolerar. Los toques de queda, las restricciones a las reuniones sociales y, en general, la limitación del libre tránsito por parte de las Fuerzas Armadas son disposiciones que se entienden en el contexto de una pandemia, pero que, por lo excepcional y severo de lo que entrañan, demandan mucha responsabilidad de las autoridades que las ponen en práctica. No son una oportunidad para que algunos excedan las potestades que la ley les asigna. Desde este espacio ya hemos llamado la atención sobre ciertos excesos cometidos durante la crisis sanitaria. A pocas semanas de declarada la cuarentena en marzo, por ejemplo, criticamos el uso de la fuerza por parte del capitán EP Christian Cueva Valle, quien abofeteó a un ciudadano que incumplió las reglas del aislamiento social. Asimismo, llamamos la atención sobre el "cierre de fronteras distritales" que ese mismo mes ensayó el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra. Una medida de pertinencia y legalidad cuestionables.La noticia ahora llega desde otro distrito capitalino. Como informó El Comercio el sábado, la Municipalidad de San Isidro, liderada por el burgomaestre Augusto Cáceres (Acción Popular), ha dispuesto la creación de un comando especial para combatir la inseguridad ciudadana, compuesto por alrededor de 30 licenciados de las Fuerzas Armadas uniformados con vestimenta similar a la del Ejército Peruano. En corto, una especie de serenazgo paramilitarizado con el objetivo, según explicó la comuna, de "vigilar que los ingresos y salidas del distrito no sirvan como rutas de escape para quienes actúan en contra de la ley".