No han pasado ni 20 días desde que varios puntos de la carretera Panamericana fuesen liberados tras la derogatoria en el Congreso de la Ley de Promoción Agraria para que las vías volvieran a ser tomadas. Esta vez, aunque el panorama es el mismo, el motivo es otro: el regreso del proyecto de ley del nuevo régimen agrario a la Comisión de Economía del Congreso luego de que recibiese solo 25 endoses en el hemiciclo el último domingo.Más allá del tema de fondo, sin embargo, está la forma en la que en los últimos años las manifestaciones en nuestro país han concebido acciones como la toma de carreteras, la destrucción de la propiedad privada o la retención de funcionarios estatales como una herramienta válida para enfatizar la protesta (y este martes, curiosamente, esas tres acciones coincidieron en una sola jornada), y en la que los ciudadanos las hemos aceptado, resignados, como una nueva normalidad.Y aquí hay que llamar fuertemente la atención sobre dos hechos deleznables registrados ayer. En Ica, un grupo de personas detuvo, volcó y quemó una ambulancia, alegando que allí se transportaba de manera furtiva a efectivos policiales (algo, por supuesto, falso y que nos lleva a preguntarnos por qué entonces no dejaron el vehículo en paz una vez que bajaron a sus ocupantes y vieron que no había más personas allí). "Ica tiene 10 ambulancias, ahora son 9. Tranquilamente los heridos en la manifestación podrían necesitar esa ambulancia y no la van a tener", lamentó al respecto la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, que, además, contó que el chofer de la unidad acabó policontuso. "Atentar contra una ambulancia, contra personal de salud realmente nos estamos disparando en el pie", resumió.Quemar ambulancias, en efecto, no tiene nada de protesta social; es vandalismo puro y duro y, en el contexto en el que nos encontramos, es además un atentado contra todos aquellos peruanos que podrían requerirla en las próximas semanas.