De aprobarse el proyecto de ley para aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras, o que el Ejecutivo decida crearlo, lo más seguro es que genere un enfrentamiento entre el Estado y las empresas del sector, sobre todo con aquellas que ejecutan proyectos que tienen contratos de estabilidad tributaria y jurídica.Ello se desprende de las declaraciones del gerente de Asuntos Corporativos de la empresa minera Antamina, Gonzalo Quijandría, quien dijo a Correo que de concretarse un nuevo tributo la empresa, a la cual representa, utilizará todas las armas legales para defenderse y no pagar la contribución, pues cuentan con convenios de estabilidad firmados con el Estado. "No deberían aplicar a esta empresa ese tipo de medidas, porque tenemos un convenio de estabilidad. Es decir, cualquier nuevo impuesto no se aplica a Antamina, pero en caso se le quiera imponer uno, la empresa usará todas sus armas legales para defenderse", advirtió.Quijandría, quien también es presidente del Comité de Asuntos Sociales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dijo que un impuesto de esa naturaleza es preocupante por la competitividad de las empresas del sector. Sin embargo, refirió que dicho tributo, como tal, parece un mejor mecanismo de redistribución y de recaudación respecto de las regalías tal como se aplican.De la posibilidad de aplicarse también a otros sectores, dijo que el aporte voluntario debería ser un primer paso que debería ser imitado por empresas de otros sectores, considerando que hay una urgencia en el país para evitar las exclusiones (pobreza).