El viernes pasado, el Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley que autoriza el transporte interprovincial de taxis colectivos en todo el país, exceptuando Lima y el Callao. La iniciativa, recordemos, había recibido luz verde del Parlamento en mayo, pero fue observada por el gobierno de Martín Vizcarra pocas semanas después. Ahora, y como han procedido ante otras objeciones del Ejecutivo (acaba de ocurrir, por ejemplo, con la ley de la ONP), los legisladores han vuelto a desoír criterios técnicos y recomendaciones de otras instituciones para seguir adelante en sus obcecaciones.En esta oportunidad, además, con el añadido de que los perjuicios que podría terminar generando esta ley son particularmente dramáticos.En su punto más preocupante, la norma autoriza a los vehículos de clasificación M1 (modelos sedán o station wagon) y M2 (como las minivanes) a brindar el servicio de taxi colectivo en las vías nacionales, exceptuando Lima y el Callao. Como ha señalado el Ejecutivo, sin embargo, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte estipula que el servicio regular de transporte de pasajeros en los ámbitos regionales y nacionales debe prestarse en vehículos de categoría M3 y que, solo en los casos en que no exista oferta de este tipo (por las condiciones del terreno o por el tipo de vía), se permitirá de manera excepcional el uso de vehículos M2.