El Gobierno presentó ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) la demanda de inconstitucionalidad contra la llamada ley de "devolución" de los aportes administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Aprobada el jueves pasado por insistencia en el Congreso, esa norma dispone, como se sabe, autorizar a los aportantes activos e inactivos del sistema nacional de pensiones el retiro de fondos de la ONP hasta por una unidad impositiva tributaria (S/4.300), por única vez y de manera excepcional.La presentación de la demanda constituye, por cierto, el cumplimiento de lo anunciado días atrás por el presidente Francisco Sagasti sobre la reacción por la que optaría el Ejecutivo ante la eventualidad de que el Parlamento persistiese en su empeño de materializar una iniciativa no solo perniciosa para la economía del país y el interés general de los peruanos, sino reñida en varios puntos con lo que dispone el texto constitucional. En ese sentido, el ministro de Justicia, Eduardo Vega, informó de los tres elementos sobre los que el Gobierno basa su demanda contra la ley: la potencial vulneración del equilibrio fiscal que entraña, la improcedencia de la iniciativa de gasto asumida en este caso por parte del Legislativo y la afectación al derecho a la pensión de las personas que su puesta en marcha supondría.La demanda, además, ha venido acompañada de una invocación al TC para que le dé trámite de la forma más acelerada posible, por lo relevante de la materia.