El procurador constitucional Luis Huerta, en representación del Poder Ejecutivo, presentó ayer la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley N° 31083, que dispone la devolución de fondos a los aportantes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Esta demanda podrá ser analizada hoy en el pleno del Tribunal Constitucional para su admisibilidad y la designación de un magistrado ponente (quien emitirá un proyecto de resolución).