Un sueldo menor a la remuneración mínima vital, sin derecho a vacaciones, CTS, sin pago de horas extras, ni línea de carrera son característicos del empleo informal en nuestro país. Esta problemática fue una de las causas de las protestas agrarias en Ica y La Libertad de la semana pasada. Pero esta precariedad laboral -impulsada en parte por las services- no solamente se da en el sector agroexportador.De acuerdo con la Encuesta nacional de hogares (Enaho) de INEI, en el periodo de junio 2019 a junio 2020, la tasa de informalidad laboral fue de 74.3%. Esta cifra representa un aumento del 1.7%respecto al periodo 2018-2019 debido a la crisis de la pandemia del COVID-19.El abogado laboralista, Jorge Toyama, opina que la reducción de la informalidad laboral se podría revertir si se trabajan cuatro puntos. En primer lugar, impulsando la cultura sobre los beneficios laborales de los trabajadores. Segundo, promoviendo beneficios tributarios y financieros a empresas que cumplan con la normativa.Como tercer punto, propone que se debieran generar mecanismos de aseguramiento de salud para los empleados. Finalmente, Toyama sostiene que se debería ampliar la fiscalización de centros laborales a nivel nacional, una labor que recae en la Sunafil.