En los últimos días, se ha hecho patente que dos legisladores vienen explotando su condición de titulares de sus respectivas comisiones parlamentarias para impulsar agendas personales o partidarias con fines nada encomiables. Y aunque desde hace meses la labor de ambos arrastra gruesos cuestionamientos, lo conocido la semana pasada debería llevar a que varios de sus colegas se planteen la posibilidad de removerlos de sus cargos antes de que el perjuicio que han causado escale a una altura mucho mayor (una posibilidad, por cierto, muy latente).Hablamos de los parlamentarios Édgar Alarcón, de Unión por el Perú (UPP), y José Luna Morales, de Podemos Perú. El primero es titular de la Comisión de Fiscalización del Parlamento; y el segundo, de la de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.La situación del señor Alarcón, antes que todo, es por demás insólita. En noviembre, el excontralor general presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Fiscalización (e incluso se anunció que sería reemplazado por el parlamentario Héctor Maquera). Según explicó entonces a la prensa el vocero alterno de UPP, Roberto Chavarría, la decisión de apartar a Alarcón fue tomada en una reunión de bancada, "debido a todos estos cuestionamientos que existen, y que alguien que esté cuestionado y procesado por delitos de corrupción, obviamente, no reuniría las condiciones para poder presidir una comisión importante del Parlamento". Curiosamente, dichos "cuestionamientos" todavía están allí, al igual que Alarcón, que casi un mes después continúa presidiendo el grupo de trabajo al que ‘renunció’.