La carretera Panamericana Sur amaneció bloqueada ayer en la madrugada. Grupos de manifestantes tomaron la vía para exigir la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, extendida hasta el 2031 mediante el Decreto de Urgencia 043-2019, promulgado por la administración de Martín Vizcarra. En aquella extensión se realizaron algunas modificaciones como la ampliación del período de vacaciones, el incremento del jornal y del pago por despido arbitrario, y el aumento del aporte a Essalud.Pero la protesta ha capturado la atención nacional y ha vuelto a abrir el debate respecto del régimen especial del sector agrario. Como toda norma, esta es perfectible y puede ser constantemente mejorada, como sucedió recientemente. Sin embargo, para modificar cualquier régimen se debe partir por entender sus efectos durante los últimos años.La agroexportación, como hemos mencionado antes en estas páginas, ha sido una de las grandes historias de éxito económico de las últimas décadas. Entre los motivos que explican su despegue están los grandes proyectos de irrigación, la integración comercial del Perú con el resto del mundo y la creciente demanda global por productos frescos. En este contexto, el régimen agrario fue instrumental para aprovechar las ventajas con las que el país contaba y atraer inversiones que conviertan los desiertos en enormes valles productivos. Su principal característica, de hecho, no fue mucho de lo que hoy está en discusión, sino la posibilidad de adecuarse a la demanda estacional de trabajo de la actividad.Con este marco, desde el 2005 las exportaciones agropecuarias no tradicionales pasaron de poco más de US$1.000 millones a US$6.302 millones durante el 2019. El Perú se convirtió así en unos de los primeros exportadores globales de paltas, espárragos, uvas y, recientemente, arándanos. Todo ello motivo de orgullo nacional.