El lunes 30, el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial, deberá analizar el pedido del equipo especial Lava Jato para aplicar, como medida preventiva, la suspensión de las actividades políticas del partido Fuerza Popular por dos años y medio. Una acción que, como es evidente, le impediría a la agrupación participar en los comicios del 2021.Como se sabe, la fiscalía se encuentra investigando al partido fujimorista, a su lideresa Keiko Fujimori y a otros de sus miembros por los delitos de lavado de activos como integrantes de una presunta organización criminal. Así, se les imputa haber recibido US$1,2 millones de la constructora brasileña Odebrecht para financiar las campañas de los años 2011 y 2016 y el ejercicio de distintas medidas para que la naturaleza de esos aportes no se transparentase.Los argumentos del referido grupo de trabajo del Ministerio Público para pedir la suspensión del conglomerado fujimorista son múltiples y se sustentan en el supuesto uso de este como herramienta para la comisión de los crímenes descritos y en la posibilidad de que se haya "instrumentalizado" el mismo para obstaculizar las acciones de la justicia. En concreto, señalan que uno de los fines de Fuerza Popular, de alcanzar el poder, sería retribuir el dinero que habría recibido ilícitamente y emplear su fuerza en el Parlamento para obstruir acciones judiciales en contra de sus miembros.Desde El Comercio, en el transcurso del Caso Lava Jato, hemos tomado muy en serio los avances que el equipo encargado ha ido presentando sobre diversos personajes. Como medio de comunicación, nos ha sido imperativo que el lector sepa de qué se acusa a las personas por las que alguna vez votó o por las que podría votar. Dicha información es clave para que los ciudadanos puedan decidir si castigan o premian a algunos políticos en el próximo proceso electoral. Ese es, en fin, el terreno donde los partidos deben fortalecerse o morir, no en los tribunales.