Sin duda, el suceso local más importante de la semana pasada fue la orden de detención preliminar solicitada por la fiscalía contra una decena de exfuncionarios, algunos de los que habían estado trabajando muy cerca del presidente Martín Vizcarra hasta hace poco. Nos referimos puntualmente a Óscar Vásquez (exasesor del mandatario), Mirian Morales (ex secretaria general del despacho presidencial) y Karem Roca (exasistenta del jefe del Estado).Ellos están incluidos en la investigación que viene realizando el Ministerio Público sobre los contratos que firmó el sector Cultura con Richard Cisneros -otro de los detenidos- durante la administración de Vizcarra por más de S/170.000.En El Comercio, hemos resaltado anteriormente que una persona debería ser privada de su libertad solo cuando se la ha encontrado culpable luego de un proceso en el que ha podido defenderse y, en esa línea, hemos criticado la frecuencia con la que algunos fiscales han pedido medidas procesales drásticas -como la prisión preventiva- sobre la base de indicios poco convincentes y sin preocuparse por acusar en un plazo breve.Esa opinión, sin embargo, no parece haber sido una constante en el Ejecutivo, que en los últimos años ha sido bastante sobrio al momento de pronunciarse sobre las detenciones de otras personalidades. Ahora, no obstante, parecen haber descubierto súbitamente que la situación sí da para preocuparse y mucho.