El problema empezó en noviembre de 2017, con la resolución 4-2017 del Tribunal Fiscal (TF) del Ministerio de Economía. Esa instancia ordenó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) debía contar el mismo plazo de cuatro años para fiscalizar a las empresas y para cobrar sus deudas originadas antes del año 2012. Una decisión que rompió con la tradición y que, de acuerdo al ente recaudador, contradecía la ley.El TF no se pronunció de oficio, sino resolviendo el reclamo de una compañía. Esta alegaba que sus deudas del 2009 ya habían prescrito, pero en 2014 la Sunat le notificó el saldo que debía pagar, pues consideraba que se encontraba dentro del plazo de cobro que se inició en 2012.En 2019, la entonces jefa de la Sunat, Claudia Suárez, reveló que estaba en juego el cobro de S/11,000 millones porque otras empresas se habían acogido a la resolución del TF. Suárez señaló que hubo un cambio repentino en la interpretación del Código Tributario.