El balance de poderes es uno de los componentes más complejos, importantes y delicados de cualquier democracia funcional. Sin este, los Estados pueden tender rápidamente, de un lado, a la incertidumbre, conflicto y desgobierno, y del otro, al autoritarismo personalista. Por ello, en las ocasiones en las que un poder del Estado tiene la facultad de influir legítimamente sobre cualquier otra entidad autónoma, estas decisiones deben tratarse con suma responsabilidad.Es el caso, por ejemplo, del control político que puede ejercer el Congreso sobre el Ejecutivo, de la herramienta de disolución del Congreso por parte del Ejecutivo contemplada en la Constitución, y es también el caso de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a criterio del Legislativo. Esto último es lo que recientemente ha entrado en discusión. Ayer, la comisión especial del Congreso que seleccionará a los nuevos miembros del TC sesionó y acordó retomar hoy la discusión sobre el reglamento del proceso y el plan de trabajo.No está de más recordar que las reglas alrededor de la elección de los miembros del TC motivaron la cuestión de confianza del año pasado que, en medio de una crisis política, derivó en la disolución del Congreso anterior. La correcta elección de los titulares del máximo intérprete de la Constitución es de suma importancia para el país. Entre otros motivos, porque, como se ha visto en los últimos meses, el TC resulta en última instancia la balanza en las controversias mayores entre el Ejecutivo y el Legislativo (disolución del Congreso, constitucionalidad de leyes controversiales, alcances de la figura de la vacancia presidencial, entre otras).