MINERÍA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
27 de julio de 2020

El Perú enfrenta el difícil desafío de controlar el avance de la pandemia y mitigar los efectos de la más severa recesión del siglo. En este último orden de prioridades, la minería puede jugar un papel fundamental, movilizando inversiones, estimulando la recuperación del empleo, expandiendo nuestras exportaciones y generando los recursos que el Estado necesita para abordar la emergencia sanitaria, señaló Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).El Perú cuenta con una rica cartera de proyectos cuya puesta en marcha podría significar nuevas inversiones del orden de los 59 mil millones de dólares y generar más de 600 mil nuevos puestos de trabajo formales y bien remunerados. Algunos de esos proyectos podrían desplegarse en el cortísimo plazo si se dan las condiciones necesarias. Para que ello ocurra, empero, resulta indispensable avanzar en dos frentes.En primer lugar, el Estado debe desmontar la asfixiante maraña burocrática que entorpece las actividades del sector (y del resto de la economía) con permisos, autorizaciones y procedimientos engorrosos y dilatados que, lejos de agregar valor, lo sustraen. Durante el último año y medio, la industria ha venido discutiendo con distintos ministerios una agenda simplificadora que apunta a eliminar algunas de esas trabas. Necesitamos que el Gobierno apruebe urgentemente los cambios requeridos en los reglamentos mineros y el de exploraciones, además de implementar otras modificaciones para acelerar la consulta previa y aligerar diversos trámites.El segundo frente que debemos enfrentar es el de la conflictividad social. Esta se nutre de las importantes brechas sociales y la limitada provisión de servicios y bienes públicos de calidad, que persisten a pesar de las importantes transferencias financieras subnacionales (más de S/40 mil millones en la última década).En ese sentido, resulta fundamental apuntalar las capacidades locales y rediseñar el canon para asegurar que las transferencias se traduzcan en desarrollo sostenible y bienestar para las comunidades.