Como otras organizaciones políticas, Fuerza Popular se ha ganado a pulso la antipatía y rechazo de muchos en los últimos años. El comportamiento de sus congresistas mientras fueron mayoría en el Congreso disuelto ayudó a construir la imagen de un partido que estaba dispuesto a pasar por encima de normas democráticas básicas para conseguir sus objetivos.La percepción que se tenga de Fuerza Popular, sin embargo, no debe afectar de modo alguno el trato legal que recibe. Como se sabe, el pasado 17 de julio el fiscal José Domingo Pérez solicitó ante los tribunales la suspensión por dos años y medio de las actividades políticas del partido. Los fundamentos de hecho son proyectos de ley, dictámenes de comisiones y otros materiales de la bancada fujimorista del Congreso elegido en el 2016. De acuerdo con el miembro del Ministerio Público, al haber incorporado a Fuerza Popular como persona jurídica en el proceso penal que se les sigue a algunos de sus miembros, su equipo está habilitado a solicitar esta medida. La fiscalía buscaría probar que el partido ha sido instrumentalizado para cometer delitos reiterados, como lavado de activos y otros, de modo que se aplique la ley contra el crimen organizado.Esto debe ser manejado con sumo cuidado. La investigación -y eventual prisión preventiva- de políticos de alto perfil fue, y sigue siendo, sujeto de controversia y escrutinio especial por introducir herramientas de corte penal a la arena política. Sin duda, cualquier indicio de responsabilidad individual en actos delictivos debe ser investigado, al margen de quién sea el potencial perpetrador, pero la percepción de que el sistema de justicia se puede usar como un arma política adicional contra personajes incómodos es sumamente grave para un Estado moderno con separación de poderes efectiva.