En setiembre del 2018, la extitular del Ministerio del Ambiente (Minam) Fabiola Muñoz suscribió el Acuerdo de Escazú, el convenio regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el caribe, junto a otros 21 países. Para que entre en vigor, este debe ser ratificado por 11 Estados y, a la fecha, van nueve. En el caso del Perú, el documento está revisándose en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, para posteriormente pasar al Pleno, lo que ha revivido su debate.Mónica Nuñez, profesora de derecho ambiental de la Universidad del Pacífico, explicó que este acuerdo es un "instrumento útil" porque resume y enfatiza los aspectos urgentes en los que se tiene que avanzar. "El Perú reconoce el derecho a la información pública. La pregunta es si esto se garantiza", indicó. No obstante, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, consideró innecesaria su ratificación "porque ya se cuenta con la figura de los defensores de los derechos humanos".
- [El Comercio,Pág. 9] /